Jueves, 23 Febrero 2017

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Hay dos noticias buenas para el sistema escolar en el Tolima. La primera es que la Universidad del Tolima, según el ranking mundial de las universidades, divulgada en enero pasado y  realizada por la organización Scimaniego, nos dice que entre las 289 universidades colombianas nuestra universidad ocupa el puesto 17, superando a todas las universidades de los departamentos vecinos y de varias universidades de prestigio. La Universidad del Tolima ocupa el puesto 17 entre la universidades colombianas y el puesto 2.981 entre las universidades de todo el mundo. Este ranking ,en Colombia lo encabeza la Universidad de los Andes.
 
La segunda noticia buena es que la nación ha destinado la gran cifra de 607 mil 104 millones de pesos para el funcionamiento del sistema escolar de educación básica y media en el Tolima , en el año 2017. De ese total 424 mil 968 millones de pesos le corresponden al departamento para el gasto educativo en los 46 municipios no certificados y 182 mil 136 millones le corresponden a  Ibagué.
 
La noticia que se relaciona con salud tiene varios datos. Uno de esos datos es el resultado de la encuesta Pulso País divulgada en el curso de la presente semana, que coloca a la salud como la primera prioridad entre los problemas que el nuevo presidente debe atender en el país, lo cual indica que la salud es el problema más grave en el país, en el momento.
 
En el Tolima, en cuanto a salud, tenemos el problema de la grave crisis financiera que afecta el funcionamiento del Hospital Federico Lleras de Ibagué. Se trata de una crisis que ha movilizado al gobernador  Oscar Barreto y al representante a la Cámara Miguel Angel Barreto, actual candidato al senado. Se han propiciado reuniones con el Ministro de Salud y el Superintendente para solicitar que se prorrogue, por lo menos por 18 meses más, la intervención administrativa que se ejerce sobre el hospital Federico Lleras desde hace ya más de dos años. Es la propuesta del gobernador Barreto, que debe ser adoptada o rechazada en los próximos días.
 
La crisis financiera del hospital Federico Lleras se resume en cifras como las siguientes: Los ingresos mensuales del hospital son en promedio de 6 .500 millones de pesos, frente a gastos, también mensuales, de 9.000 millones de pesos. Las pérdidas operativas se calculan en 37.000 millones de pesos a la fecha; las demandas judiciales que afronta el hospital van en 114.000 millones;  las cuentas por pagar a proveedores llegan  a la cifra de 85.000 millones de pesos; las EPS le adeudan al hospital 145.000 millones de pesos.
 
Son cifras mayores que reflejan una situación más grave que la existente  en la Universidad del Tolima en estos mismos tiempos. De modo pues que seguiremos atentos a lo que hagan los dos Barreto, Oscar como gobernador y Miguel Angel como parlamentario.
 
A las 0:00 horas del pasado lunes 30 de enero de 2017 entró en vigencia la ley 1801 del 29 de julio de 2016, plausible que el Gobierno Nacional y el Congreso se ocupara de reformar un Código de 1971 y actualizarlo a las condiciones sociales, tecnológicas y culturales del siglo XXI.

Sin embargo no se entiende que si fue promulgado hace 6 meses y unos días, no se aprovechó ese lapso para realizar las tan promocionadas socializaciones por parte de las autoridades de policía, administrativas y algunos actores políticos del país y la región, para ahora que entra en vigencia, con la aplicación de sanciones, así sean pedagógicas pero que serán registradas, si se preocupan por algo que era evidente y necesario hacer, cayendo en un oportunismo y populismo propio de un año electoral.
 
No se puede dejar de reconocer el esfuerzo hechos por nuestros legisladores, pero no es menos cierto que preocupa las políticas, hasta ahora desconocidas para su implementación y efectiva aplicación, en primer lugar porque es evidente que en su trámite se pensó como ámbito de aplicación en cuatro o cinco grandes ciudades, donde son los únicos lugares donde se podrían transgredir normas, verbigracia “colarse en la fila del masivo” y fue por ello que el presidente de la república en su alocución televisiva del día domingo en la noche, instó a los gobernantes regionales a reglamentar o adecuar la nueva ley a sus códigos departamentales, lo cual hubiera sido ideal haberlo realizado paralelamente a la iniciativa nacional o no ahora.

Igualmente nos quejamos autoridades y ciudadanos del común del poco pie de fuerza que nos cuida e intenta contrarrestar los altos índices de criminalidad que campean en nuestra Ibagué, para que ahora parte de ese cuerpo policial se vea obligado a vigilar si una persona fuma en sitio prohibido, si el dueño de un animal no recoge las necesidad de su mascota, si una persona ofende verbalmente a otra en vía pública, comportamientos que sin duda son relevantes para una sana convivencia, pero que se debió previo a la entrada en vigencia de la norma, tener un plan de choque para que no se viera disminuida la seguridad en temas a mi juicio de mayor gravedad como los hurtos y el homicidio en la modalidad de sicariato que padecemos los ibaguereños diariamente.

Así mismo no se tuvo en cuenta la carga que en la actualidad tienen los inspectores de policía, funcionarios encargados de tramitar el proceso verbal abreviado reglado en los artículos 233 y siguientes de la ley 1801 de 2016, lo que sin duda hará colapsar estas dependencias en perjuicio de otros trámites que por competencia también conocen.

Finalmente preocupa los mecanismo para el recaudo de las multas, aquellas que no son conmutables. Qué autoridades harán el cobro coactivo, qué herramientas tendrán para tal fin y aún cuando se dice que gran porcentaje de los dineros se destinarán para campañas de convivencia ciudadana, se desconoce el control para que no se desvíen para otros fines.
 
 PD. A la fecha se tramitan más de 30 demandas ante la honorable corte constitucional instauradas contra la ley 1801 de 2016. Ojalá que con los fallos que se avecinan no salga más grave el remedio que la enfermedad.
 



 
Me gusta. La medida del pico y placa provisional -ojalá se haga permanente- que  a través del decreto 1218 del 2 de diciembre/16 implementará la alcaldía de la ciudad  a partir del 15 de diciembre y que modifica los horarios de circulación para automotores privados en Ibagué, porque tiene objetivos primordiales como: Cambiar los hábitos y comportamientos  de toda  una comunidad, contribuir al medio ambiente en la disminución  de emisión de gases,   atenuar la contaminación visual y auditiva, mejorar la movilidad, disminuir los índices de accidentalidad y contribuir al espacio público,  que en balance final aportan a la  calidad de vida de los ciudadanos como lo mandan la constitución y las leyes.

Pasar de  una restricción diaria según el último dígito de la placa,  de tres (3) horas  a una de 12 horas, claro que levanta roncha y no se hacen esperar las voces de protesta, argumentando desaceleración de la economía, afectaciones personales y otras tantas. Ya se dice   que mientras en otras ciudades del país en época de fin de año se levanta la restricción, en Ibagué se adopta una medida que ahuyentará al visitante. No crean, si de verdad quieren estar en Ibagué lo harán a pesar de la medida.

Para algunos, antes de adoptar estas medidas se debe agotar la pedagogía de cultura ciudadana, pero éstas no logran los efectos esperados, porque las actitudes de cultura  y civismo  comienzan en la casa y en el  colegio, pero siendo honestos,  en Ibagué falta mucho y este puede ser un buen comienzo.

En la ciudad se tiene muy buena oferta de servicio público, llámense taxis o busetas. Legal o ilegal Uber es una  muy buena opción de transporte. Comparativamente  con otras regiones del país, la capital tolimense tiene tarifas   bajas en el servicio de taxi. 

No me gusta. Se exonere de la medida a políticos o servidores públicos,  porque les quita la  oportunidad, un día en la semana, de abordar un vehículo de servicio público,  conocer la realidad y el devenir de la ciudad en sus diferentes temáticas. De seguro que allí podrían saber la verdad de qué tan segura es Ibagué, la imagen de la Corporación a la que pertenezcan, cómo califican su gestión, entre muchas de las bondades que da el tener contacto con la gente, esa misma que los elige.  Las exoneraciones deben tener verdadera  justificación. En este caso  no la hay.

No me gusta. Que aún no se extienda la medida a las motos, sabiendo que ya casi superan en número a los vehículos, según las estadísticas son los mayores causantes de accidentes en las vías. Su proliferación debe tener control, con medidas especiales partiendo con la obtención de la licencia de conducción. 

No me gusta.- En el servicio público no se tomen medidas de restricción para las busetas “chimenea” que afectan tanto el medio ambiente y le restan impacto a las medidas de restricción de los vehículos particulares.
 
Punto Aparte.- Ojalá el gobernador no solicite  la inclusión dentro de las exoneraciones de la medida,   y se quede un día a la semana como un ciudadano de a pie.
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