Martes, 17 Enero 2017

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Angie Cañas

Angie Cañas

Comunicadora Social – Periodista con énfasis en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad del Tolima.
En las últimas horas el sindicato de trabajadores tolimenses por medio de un comunicado dieron a conocer que están siendo blancos de amenazas y ofrecimiento de dinero para el asesinato e intimidación de activistas y dirigentes políticos, este es el pronunciamiento oficial:

Nuevamente, los enemigos de la paz utilizan  la amenaza y  el ofrecimiento de dinero para incitar al asesinato e intimidar a activistas y dirigentes políticos y sociales del Departamento del Tolima.
 
Las autodenominadas AUC, por vía correo electrónico, el 6 de Enero de 2017, ofrecen dinero  para asesinar a diecisiete dirigentes sindicales, indígenas, políticos y de organizaciones defensoras de DDHH, a quienes señala de guerrilleros y comunistas por destacarse en el trabajo de búsqueda de la paz. Esta nueva amenaza  tiene precedentes recientes en el Tolima, como las del 19 de Mayo del 2016, el 2 de junio, el 11 de abril del mismo año  y las amenazas en el marco de la campaña de apoyo a los acuerdos para la salida del conflicto armado proferidas por  activistas políticos de la extrema derecha, las cuales fueron objeto de denuncio penal por parte de la CUT Tolima y de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Esta racha de amenazas, se inscriben en lo que  a nuestro juicio constituye una campaña sistemática intimidatoria  contra las organizaciones políticas de izquierda, sindicales y sociales comprometidas con la búsqueda de la paz y que, lamentablemente, a nivel Nacional ha dejado decenas de asesinatos.
 
La historia de exterminio de la U.P no puede repetirse. Exigimos del Estado Colombiano, de los organismos de seguridad del Estado, de los entes judiciales y de control, acciones efectivas para que se investigue y castigue a los responsables de esta campaña de intimidación y exterminio que atenta contra los mínimos derechos democráticos y políticos  de todos los colombianos. De igual manera exigimos inmediatas medidas de protección para los compañeros amenazados, para las sedes sindicales y políticas y responsabilizamos al Gobierno Nacional, a los organismos de seguridad de cualquier atentado que se produzca  contra la dirigencia social y política en nuestro Departamento.






Fuente: Comité Ejecutivo Subdirectiva CUT Tolima 
El pasado 12 de enero por solicitud del Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) se reprogramó la audiencia de verificación de acusación en contra de Orlando Navarrete,  exjefe de licitaciones de Typsa, empresa encargada de la elaboración de los estudios y diseños de los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales debido a la ausencia del fiscal encargado y del defensor del procesado.
 
A propósito de los acontecimientos relacionados, la Fiscalía General de la Nación se permite informar:
 
1. Las notificaciones judiciales se envían mediante correo electrónico a cada despacho fiscal. Para lo cual la Fiscalía 19 y 22 actualizaron el 28 de noviembre de 2016, mediante este mismo medio, al centro de servicios del Palacio de Justicia de la ciudad de Ibagué una única dirección de correo electrónico para recibir y conocer fecha y hora de audiencias programadas para el mes de diciembre y subsiguientes.
 
2. El 29 de noviembre de 2016 el centro de servicios del Palacio de Justicia envió correo con asunto Orlando Navarrete, sin embargo al no estar actualizada la dirección, este rebotó.
 
3. Es importante aclarar que las fiscalías 19 y 22 no fueron debidamente notificadas.
 
4. Los jueces como garantes de la ley y con el conocimiento que toda indebida notificación genera nulidad, debieron corroborar el recibido del correo electrónico o hacerlo por otro medio.
 
5. El 13 de enero de 2017 el centro de servicios allegó captura de pantalla donde aparece el correo, con fecha 29 noviembre de 2016, de notificación no enviado a la fiscalía.
 
6. La Fiscalía General de la Nación reitera el compromiso con la justicia y la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y en este caso particular del desfalco de los XX Juegos Nacionales en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción.

Es así como se espera que se lleve a cabo el próximo 8 de febrero a las 2:30 pm la audiencia de formulación de acusación en contra de Jorge Orlando Navarrete Laverde, investigado por los desfalcos de los estudios y diseños de las obras de los Juegos Nacionales.







 
El Presidente Juan Manuel Santos sancionó este viernes la Ley de Pequeñas Causas que reducirá de dos o tres años a seis meses el tiempo de juzgamiento de los llamados delitos menores, a partir de la disminución del número de audiencias de cinco a solo dos.

Durante la promulgación efectuada en la Casa de Nariño, el Jefe del Estado indicó que la nueva normativa permitirá “acusar más rápido a quienes cometan delitos menores, pues ya no será un proceso de cinco audiencias sino de solo dos”.

Aclaró que no se les denomina delitos menores porque sean de menor importancia, sino porque su investigación es menos compleja y puso de presente que no es igual “investigar un genocidio que una calumnia”.

Entre los delitos que cobija la nueva ley están en el hurto de celulares, la injuria, las lesiones personales, la inasistencia alimentaria y la estafa, cuando esta sea menor de 150 salarios mínimos.

El nuevo trámite contemplado por la ley permitirá agilizar cerca de 400 mil casos de ese tipo al año, subrayó el Presidente.

También el Mandatario precisó que las lesiones con ácido “no están incluidas en los delitos menores, y su juzgamiento continúa según la ley “Natalia Ponce”.

Hizo énfasis en que “tampoco habrá excarcelaciones. Todo sigue igual. Lo único que cambia es el tiempo para juzgar'.

Acusador privado

Así mismo, el Presidente se refirió a la figura del acusador privado que prevé la norma.

“Se crea la posibilidad de que, en algunos casos, los ciudadanos puedan reunir pruebas, o contratar investigadores privados, para llevar a juicio a quienes comentan los delitos que se juzgarán por este procedimiento abreviado”, dijo.

Advirtió que “no se trata de justicia por la propia mano, ni de que los particulares adquieran funciones de policía judicial. No”, y señaló que las víctimas actuarán por medio de sus abogados y que siempre se requerirá la autorización de la Fiscalía para que obren como acusador privado.

A ese respecto el Jefe del Estado citó tres casos, como ejemplo, en los que el ciudadano puede utilizar el mencionado recurso jurídico, “Si a Juan Rodríguez lo roban en su vivienda y tiene pruebas o indicios de quién lo hizo, pero la Fiscalía no avanza en la judicialización porque tiene muchos casos, el mismo Juan, a través de un abogado, puede llevar las pruebas al juez”, indicó.

Otro caso es el de María Gómez, a quien el padre de sus hijos dejó de contribuir para su sostenimiento, en esta situación, dijo el Presidente, “ya no tiene que esperar, como pasaba hasta hoy, a que un fiscal haga la acusación ante el juez. Ahora la misma María, con su abogado, puede acusar y llevar al juicio al papá irresponsable”.

El último ejemplo fue el de Pablo Hernández, a quien le hurtaron el celular pero la policía capturó en flagrancia al autor, Pablo ya no tiene que ir personalmente a poner la denuncia, “sino que el policía que hizo la captura puede presentarla”, señaló.

Al término de su declaración, el Mandatario reiteró su interés en que la ciudadanía “confíe más en su justicia, eso es muy importante” y añadió que con procedimientos como los contemplados por la nueva ley se responde al clamor de la gente.

“Quienes cometan estos delitos, pues ya están advertidos que van a ser juzgados más pronto, con más eficacia y que la justicia será implacable con estos delincuentes”, puntualizó el Presidente.







Fuente: Presidencia de la República 
Por llamado de un guarda de seguridad del almacén de cadena Metro ubicado al interior del Centro Comercial Multicentro se logró la captura de una presunta asaltante identificada como María del Pilar Morales Camacho quien tuviera en su poder varias prendas que pretendía llevarse sin cancelarlas.

Es así como esta joven fue llevada a los estrados judiciales donde la Fiscal 16 Seccional estableció que los uniformados en su informe dieron a conocer que la mujer fue abordada por los guardas de seguridad del establecimiento comercial luego que las alarmas se encendieran, solicitándole que se dirigieran a una de las oficinas donde Morales Camacho voluntariamente entregó la ropa a la cual le había violentado los pines de seguridad para poder hurtarlos.

Durante la audiencia que se adelantara ante el Juez Quinto con función de control de garantías, se conoció que María del Pilar Morales fue señalada con el delito de hurto agravado, cargos que no aceptara por lo que el togado resolvió dejarla nuevamente en libertad.









 
Ante el Juez Quinto penal municipal con función de control de garantías, fue presentado el capturado identificado como Juan David Moya Molina, de 26 años, señalado por la Fiscal 16 Seccional con el delito de fuga de presos.

En la audiencia, el ente acusador dio a conocer que la captura de este sujeto se dio durante operativos adelantados por las autoridades en pleno centro de la capital tolimense, específicamente en la Carrera Tercera con Calle Novena donde observaron una persona con actitud sospechosa, a quien abordaron solicitando su documentación la cual fuera verificada, encontrando que debía estar cumpliendo una prisión domiciliaria en una vivienda del barrio Gaitán.

En la diligencia se determinó además que a este hombre, de oficio técnico en redes, se le había otorgado el beneficio de medida de aseguramiento luego que suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía el 1 de agosto del año anterior por investigaciones que avanzan en su contra por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Así pues, se concluyó que Juan David Moya no aceptara el delito de fuga de presos que le fuera imputado por parte de la Fiscalía por lo que se resolvió por parte del Juez dejarlo nuevamente en libertad. 










 
En flagrancia fue capturado por integrantes de la Sijin en las últimas horas el Patrullero de la Policía identificado como Nixon Arley Rubiano Romero, de 30 años, quien al parecer estaría conduciendo una motocicleta que había sido reportada como hurtada del pasado 24 de noviembre del 2016.

El hombre fue presentado ante el Juez Quinto con función de control de garantías, donde la Fiscalía revelara que mediante operativos adelantados se logró la captura del patrullero de la Policía luego que le hicieran el pare en la Avenida Guavinal con Calle 60 cuando se movilizaba en una motocicleta la cual aparecía en los reportes como hurtada por lo que procedieron a detenerlo y a recuperar el vehículo motorizado.

Así mismo se pudo establecer que la denuncia del hurto de la motocicleta fue interpuesto por la víctima el 24 de noviembre del año anterior donde asegurara que había dejado parqueado el motorizado fuera de su residencia cuando minutos después se percató que ya no se encontraba. De igual forma se indicó que para el 2 de diciembre del mismo año la mujer comenzó a recibir llamadas y mensajes por las redes sociales donde Nixon Arley al parecer le aseguraba que tenía su moto y que debía cancelarle la suma de 2 millones de pesos si quería recuperarla.

Durante la audiencia realizada en las últimas horas se conoció que el Patrullero de la Policía, Nixon Arley Rubiano, fue señalado por el ente acusador con los delitos de extorsión tentada y receptación, cargos que no aceptara, por lo que el juez resolvió dejarlo nuevamente en libertad. 







 
Ante el Juzgado Quinto penal municipal con función de control de garantías fue presentado un integrante activo de la Policía Nacional, identificado como Juan Carlos Garzón Cubillos, de 45 años, capturado en las últimas horas con orden judicial la cual se hiciera efectiva por parte de integrantes del CTI en la carrera 4e con calle 41-24 del barrio Macarena Parte Baja por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado.

Durante la audiencia, la Fiscal 16 Seccional dio a conocer las denuncias interpuestas en contra de este sujeto quien actualmente fuera Sargento activo de la Policía Nacional y quien estuviera laborando por el sector del Restrepo, relatos que contara la progenitora de una de las menores víctimas quien reveló que el presunto abusador es el padrino de su hija de 9 años.

La mujer en su denuncia realizada el 19 de octubre del 2016 manifestó que su hija de iniciales N.S.M.M le había contado que el esposo de su prima, le había tocado sus partes íntimas y que cuando él se iba a bañar le decía que se quedara en el cuarto para que lo viera, asegurando que este sujeto amenazaba a su pequeña si contaba algo de lo ocurrido.

También se pudo establecer en estos señalamientos, que para la época de los hechos el Sargento Garzón Cubillos trabajaba en el CAI de la Plaza de la 21 y quien además aprovechaba que la menor estuviera en su casa para pedirle a la mamá que la dejara ir a la habitación hacer tareas y le mostraba sus partes íntimas y así mismo que varias veces, como lo cuenta la progenitora de la menor, este hombre se masturbaba frente a la niña.

Mientras tanto en entrevista hecha a la víctima, ella aseguró que los hechos ocurrían cuando ella iba a la casa de su padrino después del colegio y que él lo hacía cuando se quedaban solos y donde nuevamente le pedía que no contara nada porque no quería perder a su esposa e hijos, por lo que la menor decidió contarle a su abuela y a sus progenitores.

La denunciante agregó además, que su hija no fue la única víctima, que también ocurrieron hechos similares con otras dos menores para la época del 2012 donde tenían entre 4 y 5 años de iniciales Z.D.A.S y A.J.A.S, caso que ocurrió repetidas veces, y donde las jóvenes quienes cuentan actualmente con 15 y 16 años revelaran que su tío político, ya que son sobrinas de la esposa de él, veía constantemente videos pornográficos y que muchas veces las obligó a verlos.

Las jóvenes contaron que Juan Carlos se sentaba en la sala con el computador para ver los videos y que al mismo tiempo se manipulaba sus partes íntimas pidiéndoles que vieran con él y además les pidiera que cuando fueran al baño dejaran la puerta abierta para verlas en repetidas oportunidades. Este hombre iba hasta su casa con su tía la recogían en el carro para que estuviera el fin de semana con ellos; hechos ocurridos durante aproximadamente un año.

El presunto abuso a las tres menores se conoció cuando la niña de 9 años contó a su familia, por lo que las otras dos víctimas decidieron romper el silencio y relatar lo que ocurría en la casa de su tía, por lo que comenzaron a recibir ataques por parte del presunto abusador y la compañera sentimental, siendo señaladas como mentirosas, para luego recibir detalles por parte del integrante de la Policía como zapatos y dinero en efectivo para que ni ellas, ni la familia, revelaran lo que había ocurrido desde hace varios años.

Así mismo se ha podido establecer que desde que se reveló lo ocurrido, la familia de las víctimas y las menores temen por lo que pueda ocurrir ya que durante el proceso antes de la captura habían recibido amenazas para no continuar con las denuncias y quienes tuvieron que salir de la ciudad para evitar que continuaran ocurriendo este tipo de situaciones. 

Luego que se revelaran los hechos, durante la audiencia se pudo establecer que el Sargento de la Policía Juan Carlos Garzón Cubillos no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo en calidad de autor, por lo que el Juzgado después de analizar las pruebas resolvió enviarlo a la cárcel de Picaleña, decisión que fuera apelada por su abogado defensor. 








 
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, la captura de este sujeto se dio luego que fuera señalado de haber participado en el atraco a un hombre a quien lo despojaron de dinero en efectivo y una cadena de oro en hechos ocurridos el 18 de julio del 2015.

Gracias a las investigaciones realizadas se conoció que el capturado junto con otro sujeto intimidaron a la víctima con un arma de fuego para que entregara sus pertenencias por lo que se logró la captura del último de los responsables en este hurto y quien fuera señalado con los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Durante la audiencia que se realizara es su contra se determinó que el capturado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por lo que el juez con función de control de garantías resolvió enviarlo a un centro carcelario. 




 
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