Martes, 21 Febrero 2017

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Angie Cañas

Angie Cañas

Comunicadora Social – Periodista con énfasis en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad del Tolima.
A la cárcel del municipio de Chaparral fue conducido un hombre identificado como Anderson Narváez para que cumpla la medida de aseguramiento que un juez de control de garantías le impuso por la presunta responsabilidad en acceso carnal a una menor de 14 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Ataco desde agosto del 2015 hasta marzo del 2016 cuando el hombre en repetidas ocasiones accedió a la menor de edad. La víctima contaba con 13 años en la primera agresión sexual.

Anderson Narváez fue detenido por parte de la Policía haciendo efectiva una orden judicial que fuera expedida en su contra. 




 
Ante el Juez Segundo Penal del Circuito fue presentada la mujer identificada como Luz Dary Estrada Orozco, actualmente recluida en la cárcel de Picaleña por investigaciones que se adelantan en su contra por el delito de concierto para delinquir y extorsión.

En la audiencia se conoció que Estrada Orozco se allanó a los cargos por lo que fuera señalada por la Fiscalía, esperando entonces que para el mes de marzo se haga la lectura de fallo condenatorio en su contra y donde se podrá establecer si se le otorga la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que es un mujer de la tercera edad.

Sobre los hechos por los que fue detenida, se pudo establecer que Luz Dary Estrada fue señalada de haber hecho parte de la banda delincuencial, dedicada a la extorsión con la modalidad de “Tío-Tía”, siendo ella la que ayudaría a su hijo, Denis Yesid Aguilar Estrada, alias ‘El Gordo’, recluido en la cárcel de Picaleña, a realizar los cobros productos de las llamadas extorsivas. 




 
Ante el Juez Quinto con función de control de garantías fue presentado el detenido identificado como Cristian Alexander Bonilla Caicedo, de 26 años, señalado por el Fiscal 19 Local con el delito de fuga de presos.

En la audiencia la Fiscalía dio a conocer que este joven fue capturado en el barrio Miramar en altas horas de la noche luego que los uniformados quienes se encontraban realizando labores de patrullaje, sorprendiéndolo consumiendo sustancias alucinógenas, solicitando un registro y la documentación.

Al verificar en la base de datos las autoridades encontraron que Cristian Alexander debería estar cumpliendo una detención domiciliaria en una vivienda de otro sector de la capital tolimense, beneficio que le fuera otorgado por parte del Juez Primero Promiscuo municipal de Rovira el 30 de junio del 2014.

El hombre en audiencia no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, siendo dejado nuevamente en libertad. 




 
En este primer día del Gran Outlet de Libro fueron miles los tolimenses que asistieron masivamente a obtener alguno de los tres mil títulos que están disponibles desde 5 mil pesos hasta 20 mil pesos.

Este evento tiene como fin fomentar la lectura y llevar libros nuevos y originales por todos los departamentos de Colombia a precios que puedan estar al alcance de todos, ofreciéndolos a precios de $5.000, $10.000, $15.000 y $20.000.

Se ha podido conocer que los libros que son vendidos en este importante evento son de editoriales reconocidas, los cuales han sido circulados tiempo atrás.
 
Miles de personas se acercaron  al Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Ibagué y se contagiaron  de la magia de la lectura, entre libros  de  Poesía, narrativa, novela histórica, guiones cinematográficos, sagas juveniles, cocina, comics e  infantiles.

Todavía quedan dos días del Gran Outlet de Libros, estarán ubicados en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, los días 18 y 19 de febrero desde las 8:00 am a 7:00 pm y será entrada libre. 




 
El acusado identificado como Víctor Alfonso Delgado, de 31 años, conocido con el alias de “Cachetes”, fue presentando ante el Juez Cuarto Penal del circuito para dar lectura al fallo condenatorio en su contra luego que se impartiera legalidad al preacuerdo suscrito con la Fiscalía.

El Juez dio lectura al documento donde se establece que este hombre haría parte de una banda delincuencial conocida como “Los Ibaguereños”, integrada por seis sujetos que se hacían pasar como integrantes de la Policía Nacional para cometer hurtos a residencias y a establecimientos comerciales.

Uno de los hechos que se le endilgaban a “Cachetes” era el atraco que se cometió en una conocida inmobiliaria de la ciudad de Ibagué, donde resultara como víctima una mujer quien denunció que fue abordada por varios sujetos siendo agredida verbal y físicamente y posteriormente intimidada con un arma de fuego para despojarla de 7 millones de pesos que tenía en su poder.

Al finalizar la diligencia, el Juzgado resolvió condenar a Víctor Alfonso Delgado a una pena de prisión de 100 meses, equivalente a 8 años y 4 meses, los cuales deberá cumplir recluido en un centro carcelario de la ciudad de Girardot. 



 
Ante el Juez Quinto con función de control de garantías fue presentado el detenido identificado como Mauro Jair Méndez López, señalado por el Fiscal 19 Local con el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El ente acusador reveló que la captura de este hombre se dio en el barrio Los Ciruelos en plena vía pública, cuando las autoridades se encontraban realizando patrullaje por el sector observando a una pareja que estaba discutiendo, por lo que al ver que la mujer gritó, los uniformados reaccionaron de inmediato y capturaron al presunto agresor.

La víctima denunció que había llegado a la casa con su compañero sentimental con quien convive hace cuatro años, y el hombre el aparente estado de embriaguez sin mediar palabra la insultó y la atacó a golpes, con puños y patadas causándole graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo, siendo trasladada a un centro asistencial.

Mauro Jair Méndez no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía, siendo dejado nuevamente en libertad. 



 
Operativos adelantados por las autoridades en pleno centro de la capital tolimense dejaron dos capturados identificados como Cesar Augusto Castro Gallego, de 39 años, oficio servicio técnico de celulares y Luis Eduardo Castro Celis, de 72 años, pensionado, quienes fueran sorprendidos transportando varios celulares, algunos reportados como hurtados y otros al parecer modificados.

El informe de Policía reveló que las autoridades le hicieron el pare al vehículo de placa IGY-009, el cual era conducido por Cesar Augusto, le solicitaron un registro al automotor, encontrando en el baúl un bolso el cual contenía 24 celulares de marcas Samsung, Huawei, Nokia, Avio, entre otros, de los cuales les verificaron el Imei, descubriendo que siete de ellos aparecía reportados como hurtados, por lo que procedieron a incautar los elementos.

Al momento de realizar la captura de los sujetos, Castro Gallego le ofreció a las autoridades un millón de pesos para no ser capturados, por lo que los uniformados los detuvieron y trasladaron a la Fiscalía para ser plenamente identificados y luego ser presentados ante el Juzgado Octavo con función de control de garantías para responder por los delitos de receptación y cohecho por dar u ofrecer.

Esta redacción conoció que a César Augusto Castro se le imputaron los delitos de receptación y cohecho, cargos que no aceptara por lo que se le dictó medida no privativa de la libertad y obligando a que cancele una caución correspondiente a un Salario Mínimo, mientras que a Luis Eduardo se le imputó el cargo de receptación, retirándose la medida de aseguramiento, siendo dejado nuevamente en libertad. 




 
Luego de conocerse las declaraciones entregadas por Rodolfo Salas, representante de víctimas del IMDRI durante los procesos judiciales que se adelantan por los desfalcos de los Juegos Nacionales, se pronunció en las últimas horas el abogado defensor de Carlos Heberto Ángel, exgerente del IMDRI, rechazando lo dicho.

Es de recordar que Salas haciendo referencia al proceso que se adelanta en contra del exgerente del IMDRI por haber participado en la adjudicación del contrato para los estudios y diseños de las obras para los Juegos Nacionales a la empresa Typsa, asguró que “él no ha prometido ningún bien. Él se allanó al delito de peculado y frente a los otros dos delitos preacordó”.

De igual forma el abogado del IMDRI, manifestó que “la ley le exige que cuando se compruebe que en los hechos hubo un incremento del patrimonio, para celebrar un preacuerdo debe devolver el 50% de ese enriquecimiento en virtud de los delitos”, por lo que “frente a él (Carlos Heberto), se tiene comprobado porque así lo aceptó que recibió una coima de 500 millones de pesos del cual debe devolver la mitad y no obstante, él celebró el preacuerdo con la Fiscalía pero no reintegró ese 50% que le exige la ley”.

Por su parte el abogado Luis Alberto Viana Patiño, defensor de Carlos Heberto, rechazó lo dicho por Rodolfo Salas, asegurando que “respeto la posición del doctor pero cuando uno hace afirmaciones públicas debe estar empapado de lo que dice”, “ahí afirma que Carlos Heberto Ángel se le imputaron cargos por 500 millones de pesos y eso es totalmente falso, la Fiscalía le hizo una imputación por 300 millones de pesos y él aceptó”.

Viana Patiño reiteró además que el exgerente del IMDRI, “ha cumplido, ha colaborado con la justicia, ha evitado el desgaste de la justicia aceptando cargos”, agregando que Salas “no puede salir a los medios hacer afirmaciones totalmente contrarias a la realidad”, pues “estamos a la espera que el Juzgado Quinto Penal del Circuito dicte la sentencia por el delito de peculado y que el Juzgado Sexto Penal del Circuito apruebe o no el preacuerdo que se hizo con relación a los contratos”.

Sobre la devolución de los dineros con el preacuerdo, el abogado Luis Alberto dijo que Rodolfo Salas “está equivocado, él dice que no se puede preacordar y sí se puede preacordar, porque él sabe perfectamente que el delito de peculado conllevó al incremento patrimonial y ahí ya se aceptaron cargos, mientras que para el preacuerdo por la celebración indebida de contrato y el interés indebido de contrato no es necesario reintegrar lo que hubo de apropiación porque el aprovechamiento ya se dio en el peculado y no se puede decir que se va a dar en los contratos”.

Resta entonces según el abogado de Carlos Heberto Ángel que “el juez de conocimiento evalúe el preacuerdo para verificar que no viole los derechos fundamentales y la defensa está segura que el juez va aprobar el preacuerdo porque se hizo de acuerdo a los lineamientos legales”, ya que “después que quede en firme la sentencia condenatoria, se entablará el incidente de reparación integral y eso le corresponderá al representante del IMDRI o del municipio”. 











 
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