Martes, 21 Febrero 2017

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Angie Cañas

Angie Cañas

Comunicadora Social – Periodista con énfasis en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad del Tolima.
El hombre identificado como Edwin Alberto Morales Franco, conocido con el alias de “Tato”, actualmente recluido en la cárcel de Picaleña, fue presentado ante el Juzgado Séptimo con función de control de garantías, para ser imputado con el delito de violencia intrafamiliar, sobre hechos que ocurrieron desde el 28 de julio del 2015.

En la audiencia, se dio a conocer por parte de la Fiscalía, que el hombre se encuentra actualmente en un centro carcelario, señalado de hacer parte de la banda “Los Mondongueros”, oficina de cobro de alias “Valenciano”, de la ciudad de Medellín, quien fuera condenado junto con otras cinco personas de ser responsables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Para esta oportunidad, la nueva imputación se derivó de una denuncia hecha por su ex compañera sentimental quien manifestara que desde el 28 de julio del 2015 viene siendo víctima de amenazas de “Tato” por medio de mensajes de texto donde la agrede verbalmente y le exige que lo visite a la cárcel de Picaleña para no hacerle daño, exigencias que la mujer no ha cumplido porque aseguró no querer volver donde su expareja.

Frente a esto, Edwin Alberto Morales, fue señalado con el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptara, retirando por parte de la Fiscalía la solicitud de medida teniendo en cuenta que debe permanecer recluido en el Coiba para cumplir con sus condenas. 


 
El detenido identificado como José Daiber Bustos, de 38 años, oficio agricultor, fue capturado por la Policía Metropolitana de Ibagué en el sector del corregimiento de Juntas, luego que la comunidad denunciara que el hombre en estado de embriaguez estaría haciendo disparos al aire intimidándolos.

Los uniformados llegaron hasta la tienda “La Y”, donde encontraron un sujeto con las mismas características a quien le realizaron un registro encontrando en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 Special la cual contenía en su interior seis cartuchos, procediendo a capturarlo y dejarlo a disposición de la Fiscalía.

José Daiber fue presentado ante el Juzgado Quinto con función de control de garantías, donde La Fiscalía 16 Seccional le imputó el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, cargo que no aceptara, siendo dejado nuevamente en libertad. 






 
Familiares de una menor de 13 años denunciaron ante las autoridades un hombre quien al parecer estaría abusando de la niña y amenazando si contaba algo sobre lo que habría ocurrido durante el mes de julio del año inmediatamente anterior, información que fue recolectada por la Fiscalía quienes iniciaron la investigación en contra del acusado identificado como Ivan Dario Arteaga Moreno.

Contra este hombre, la Fiscalía solicitó la orden de captura ante el Juzgado Promiscuo municipal de Cajamarca, la cual se hizo efectiva en la Carrera Cuarta con Calle 44 frente al Sena donde las autoridades lo sorprendieron y manifestaron que era detenido por hechos que ocurrieron en el barrio Magisterio siendo señalado con el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

Según las declaraciones de los familiares, uno de los hermanos de la menor víctima fue quien se enteró de lo ocurrido, luego que su progenitora le asegurara que la niña se mostraba con un comportamiento extraño y el rendimiento académico había bajado, por lo que la adolescente decidió contarle que Arteaga Moreno le había tocado sus partes íntimas y la besaba, por lo que ella le había pedido que no lo volviera hacer.

La víctima también reveló que el presunto abusador, familiar suyo, la había amenazado con inventar algo a su progenitor para que la castigara y pegara, por lo que no quiso contar nada por temor a que el hombre hiciera algo en su contra, situación que llevó a la familia a interponer la respectiva denuncia.

En la audiencia, la Fiscalía 64 Local le imputó a Ivan Dario Arteaga el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no aceptara, siendo enviado a la cárcel de Picaleña. 



 
Luego de conocerse el escándalo revelado en contra del alcalde del Guamo, Jorge Enrique Mellado, quien tendría una denuncia en su contra ante la Procuraduría donde se le señala de haber realizado minería ilegal en el sur del Tolima, en las últimas horas se conoció por medio de un comunicado sus declaraciones.
 
Frente a lo conocido, se pudo establecer que las investigaciones iniciaron a finales del 2016 luego que fuera radicada la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y otra en contra de Cortolima por haber favorecido al actual alcalde del Guamo para realizar minería ilegal en la finca Las Palmas del municipio de Coyaima, quien ya fuera castigado por los hechos, decisión que fuera apelada por el mandatario.
 
Así mismo, el denunciante solicitó también investigar a la Corporación Autónoma Regional del Tolima por haber devuelto la retroexcavadora incautada durante el operativo adelantado contra la minería ilegal,

(Leer: Procuraduría investiga procesos por minería ilegal que vincula a funcionario de Cortolima y al alcalde del Guamo). 
 
Luego de las revelaciones, a esta redacción fue allegado un comunicado oficial del alcalde Jorge Enrique Mellado, quien asegurara que es un ingeniero civil, “destacado por las obras, profesionalismo, que he defendido el medio ambiente, como lo he venido haciendo con la cuenca del río Luisa”.
 
Es así como frente al caso que ocurrió en el 2011 y que fuera denunciado, el mandatario aseguró que “tenía una maquinaria pesada, pero desafortunadamente le alquilé una retro a un señor para hacer tres lagos en Coyaima, en un resguardo indígena, donde tengo el contrato que demuestra que le alquilé la maquinaria”, argumentando que sobre la denuncia fue “este señor el que hizo uso ilegal de este aparato, yo lo alquile con contrato y tengo un certificado donde al resguardo llegó la máquina para hacer los lagos”.
 
El alcalde indicó que luego de conocer lo ocurrido luego que saliera por las noticias, denunció a la persona que le alquiló la maquinaria donde habrían decomisado no solo su retroexcavadora sino otras dos más, reiterando que “fuimos abusados de la buena fe para usar estos aparatos”, porque “le alquile la maquinaria y el señor colocaba el operador y el combustible y a cambio me pagaba 90 mil la hora de alquiler”.
 
Haciendo referencia a la publicación hecha hace algunas horas manifestó que en sus manos tiene el contrato donde “descargamos la máquina para los lagos y donde también le he contratado a Cortolima” y finalizando que “estoy tranquilo porque nunca he tenido problemas con la justicia…he luchado para que el río Luisa no sea explotado por minería”.






 
Durante operativos realizados en las últimas horas en el municipio de Chaparral, específicamente en el barrio Las Brisas fue encontrado un hombre identificado como Ronald Méndez Cruz, conocido con el alias de “Barbas”, quien tenía una orden judicial en su contra expedida el 21 de noviembre del 2016 por parte del Juzgado Sexto con función de control de garantías, la cual se hizo efectiva y a quien se le incautara un celular.

Alias “Barbas” fue presentado ante el Juzgado Séptimo de garantías, donde la Fiscalía revelara que el mismo habría hecho parte de la Compañía Manuelita Sáenz de las Farc y que ya el 29 de septiembre del 2015 se había desmovilizado, pero que antes de eso participó en las extorsiones realizadas a empresas como Contactar de Chaparral, Petrolera de Chaparral y otras personas de esas municipalidades a quienes amenazaban si no cancelaban altas sumas de dinero.

La Fiscalía durante audiencia le imputó al capturado los delitos de porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo y desplazamiento forzado, luego que se conocieran las denuncias de las víctimas, uno de ellos la empresa de Chaparral, donde se ha dicho que fueron llamados por alias “Fredy Sánchez” o “Alejandro” de las Farc quienes les entregaron panfletos donde exigían el pago de 200 millones de pesos.

Otra víctima, conductor de un hospital, también denunció que para el 18 de agosto del 2014 recibió una carta donde alias “Donald” y “Fredy Sánchez” le pedían el pago de 300 millones para seguir trabajando, mientras que en el Líbano le exigían la suma de 2 millones de pesos y que si no los cancelaba la Compañía Manuelita Sáenz atentaría contra su familia.

En el municipio del Líbano hubo otra persona amenazada y fue el propietario de una finca quien para el 29 de mayo del 2015 fue contactado y le pedían el pago de 30 millones de pesos, como este se opuso, lo amenazaron para que no regresara a sus predios por lo que tuvo que ser acompañado por el Ejército Nacional para desalojar, siendo una de las víctimas de desplazamiento forzado.

De lo que se ha podido establecer, solo una persona realizó los pagos y fue en Chaparral en el 2014 donde le exigían el pago de 5 millones, concretando un millón y cancelando al final 900 mil pesos. Así mismo, se determinó que alias “Barbas”, junto con otros sujetos conocidos como “Mico Frito”, “Donald”, “Buñuelo”, habrían volado un oleoducto de la Petrolera del Líbano como amenaza por no haber cancelado 300 millones de pesos, endilgándole además la voladura de una torre de energía eléctrica del Líbano cuando pretendían radicarse allí para intimidar a los habitantes.

En la audiencia se pudo establecer que Ronald Méndez no se allanó a los cargos que le fueran imputados, siendo enviado a la cárcel de Picaleña.








 
Ante el Juzgado promiscuo municipal de Roncesvalles fue presentado el detenido identificado como Edwin Alberto Virgues Conde, señalado por la Fiscalía 19 Local con el delito de fuga de presos.

Las autoridades dieron a conocer que la detención de este hombre se dio en el barrio Prado Dos durante labores de patrullaje donde observaron un grupo de personas que estarían con actitud sospechosa, solicitando la documentación de todos.

Al verificar en la base de datos de Virgues Conde, se estableció que debía estar cumpliendo una prisión domiciliaria en una vivienda de la Urbanización La Esperanza por lo que lo capturaron.

En la audiencia se conoció que Edwin Alberto no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, siendo dejado nuevamente en libertad. 



 
En las últimas horas se conoció que el departamento tolimense será la sede de la Zonal Centro de Colombia de Ponyfútbol masculino la cual se jugaría en abril en el municipio de Lérida, luego que la Organización así lo decidiera.

Así mismo se estableció que la organización nacional determinó que quienes deseen participar deben ser con la categoría entre los nacidos el 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2006, teniendo en cuenta que para la zonal del año anterior solo participaron ocho equipos.

Luego de pasar la primera etapa, los encargados realizarán la respectiva socialización del sistema de juego esperando que en esta nueva versión lleguen más equipos teniendo en cuenta que el año pasado muchos no alcanzaron a inscribirse y han mostrado entusiasmo para estas nuevas fechas.

Frente al encuentro femenino se ha conocido que se jugará en el municipio de Alvarado pero la fecha está por determinarse, lo que si se ha revelado es que la convocatoria va ser luego que inicie la Zonal del suroriente tolimense. 



 
Ante el Juez Promiscuo municipal de Roncesvalles fue presentado el detenido identificado como Miguel Ángel Gutiérrez Rojas, señalado por la Fiscalía con el delito de fuga de presos.

La Policía indicó que se encontraba realizando labores de patrullaje por el sector del barrio Praderas de Santa Rita dos, donde encontraron un grupo de personas con actitud sospechosa a quienes les solicitaron un registro y la documentación para verificar los antecedentes.

Al observar en la base de datos, a Gutiérrez Rojas le registraba una condena que debía estar cumpliendo de cinco años y cuatro meses desde el 26 de agosto del 2016, recluido en una residencia del barrio Bello Horizonte, procediendo a darle captura.

Durante la diligencia se pudo establecer que Miguel Ángel no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, siendo dejado nuevamente en libertad. 



 
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